El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), al considerar procedentes las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado para que puedan ser investigados y procesados penalmente por su presunta participación en delitos graves.
La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo, con lo que ambos funcionarios perdieron la inmunidad constitucional que impedía ejercer acción penal en su contra mientras permanecieran en el cargo. A partir de esta resolución, la Fiscalía podrá continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Bertín Bravo Montero es señalado por su presunta participación en la desaparición de un empresario y de uno de sus escoltas. En tanto, Raúl González Martínez enfrenta acusaciones por su probable responsabilidad en la desaparición y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán, caso que ha cobrado relevancia por tratarse de un ataque contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Tras la declaratoria de procedencia, las autoridades estatales informaron que ambos alcaldes deberán responder ante los tribunales como cualquier ciudadano, mientras que el Congreso local iniciará el procedimiento para que los suplentes asuman de manera temporal las administraciones municipales y se garantice la continuidad de los servicios públicos.
La resolución generó reacciones políticas. Movimiento Ciudadano acusó que el desafuero forma parte de una estrategia de persecución contra sus autoridades municipales y anunció que respaldará jurídicamente a los dos alcaldes. En contraste, el gobierno estatal sostuvo que las investigaciones se sustentan en elementos recabados por la Fiscalía y que el retiro del fuero no representa una condena anticipada, sino un mecanismo para permitir que la justicia siga su curso sin privilegios constitucionales.
Con estos casos, Veracruz suma nuevos procesos contra funcionarios municipales en funciones, en un contexto en el que las autoridades estatales han intensificado las investigaciones por delitos relacionados con desapariciones y homicidios de alto impacto. El avance de ambos expedientes quedará ahora en manos del Poder Judicial, que determinará la situación legal de los exfuncionarios conforme evolucionen las investigaciones.
