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    Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

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    El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por una jueza federal al considerar que existen elementos suficientes para investigar su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal y al contrabando de combustibles. Durante la audiencia, la juzgadora también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el exmandatario permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

    De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo Appel es señalado como uno de los presuntos integrantes de una organización que habría introducido ilegalmente combustibles al país mediante un esquema que simulaba el transporte de menores volúmenes de hidrocarburos para evadir el pago de impuestos. Las autoridades sostienen que la operación provocó un daño multimillonario a las finanzas públicas.

    La resolución judicial también alcanzó a otros siete presuntos involucrados, quienes igualmente fueron vinculados a proceso por diversos delitos relacionados con la misma investigación. La FGR argumentó que la organización utilizaba documentación falsa y alteraba la información sobre la carga transportada en ferrotanques que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México.

    Durante la audiencia, la defensa del exgobernador rechazó las acusaciones y sostuvo que Ernesto Ruffo no participó en las operaciones ilícitas atribuidas por el Ministerio Público. Sin embargo, la jueza determinó que los datos de prueba presentados son suficientes para continuar con el procedimiento penal y abrir la etapa de investigación complementaria.

    Con la vinculación a proceso, la Fiscalía contará con un plazo para fortalecer la investigación y reunir más pruebas, mientras que la defensa podrá presentar los elementos que considere pertinentes para desvirtuar las imputaciones. El caso forma parte de una de las investigaciones de mayor alcance emprendidas por las autoridades federales contra redes dedicadas al presunto contrabando y comercialización ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

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