El gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, ocurrido en febrero de 1996, incidente que dejó cuatro personas muertas y provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Washington y La Habana en las últimas décadas.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que sostiene que las aeronaves civiles fueron atacadas por aviones militares cubanos mientras volaban en espacio aéreo internacional. En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habría participado en la toma de decisiones relacionadas con la operación.
“Hermanos al Rescate” era una organización integrada por exiliados cubanos radicados en Miami que realizaba sobrevuelos en el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a migrantes cubanos. El 24 de febrero de 1996, dos de sus avionetas fueron derribadas por cazas MiG cubanos. Cuba argumentó entonces que las aeronaves habían violado reiteradamente su espacio aéreo, mientras que Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió fuera del territorio cubano.
La presentación de cargos ocurre en medio del endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia Cuba. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha incrementado en semanas recientes las críticas contra el gobierno cubano y contra el conglomerado empresarial militar GAEZA, ligado históricamente a Raúl Castro y señalado por Washington de controlar sectores estratégicos de la economía de la isla.
Tras darse a conocer la acusación, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla criticó la decisión estadounidense y acusó a Washington de utilizar el sistema judicial con fines políticos. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido un posicionamiento oficial más amplio sobre el caso ni sobre las implicaciones legales internacionales de la acusación.
El caso reabre uno de los episodios más sensibles de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos y podría generar nuevas tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, en un contexto marcado por sanciones económicas, restricciones comerciales y confrontación política entre Washington y La Habana.
